Opinión

La elección monstruo de 2021 y los delitos electorales

Los abogados son mujeres y hombres de leyes por antonomasia y, al ser estudiosos y practicantes del derecho, tienen una mayor responsabilidad social de cumplir y hacer cumplir la ley, y no necesariamente como un policía, sino a la manera del que a través del entendimiento puede difundir y convencer de que se cumplan los preceptos que permiten un mundo más justo y en paz.

Ante la inminente elección más grande de todos los tiempos, la madre de todas las elecciones diría el clásico, la responsabilidad social y del Estado, son de igual proporción.

Este 7 de septiembre pasado inició de facto el proceso electoral que concluirá cuando se ejerza el derecho de elección el próximo 6 de junio de 2021.

Se trata de una elección histórica por muchos aspectos, por los puestos electorales que se van a elegir, por la cantidad de votantes y porque estaremos inmersos en una circunstancia inédita como lo es la pandemia por un nuevo coronavirus.

¿Por qué es la elección más grande que jamás se haya realizado en nuestro país?

Porque se renovarán: la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, gubernaturas de 15 estados: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Además: los congresos locales de todo el país, excepto en Coahuila y Quintana Roo; los ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades, menos en Durango e Hidalgo; en cuatro entidades escogerán de manera separada diversos cargos locales: juntas municipales en Campeche, sindicaturas en Chihuahua, regidurías en Nayarit y presidencias de comunidad en Tlaxcala.

Recordemos que en junio de este año estaban contempladas las elecciones en Coahuila e Hidalgo; sin embargo, debido a la actual pandemia, fueron suspendidas. La reactivación de los procesos electorales de estas dos entidades serán el próximo domingo 18 de octubre según lo que ha señalado el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el caso de nuestro estado, se elegirán 36 diputaciones locales y 46 ayuntamientos. León, por supuesto, también tendrá que renovar su máximo órgano de gobierno como es la alcaldía, en una ciudad que tiene la cuarta parte de la población en la entidad.

No solo en Guanajuato sino en todo el país, será necesario que los órganos de control administrativo y judicial estén atentos para evitar que se incurran en delitos electorales, sobre todo en las instancias más próximas al ciudadano como son los ayuntamientos.

Las contralorías municipales y de los órganos descentralizados o paramunicipales, deberán establecer las medidas preventivas para evitar que los servidores públicos incurran en hechos que nos son solo faltas administrativas sino delitos electorales.

De antemano, las contralorías debieron de informar a los funcionarios, por un lado los derechos que tienen, pero por otro los delitos en que pueden incurrir. Como empleados de una instancia gubernativa, nadie puede ejercer presión de ningún tipo para apoyar a algún candidato o partido político.

Los servidores públicos no pueden ni deben de utilizar los recursos materiales, económicos o humanos en actividades políticas proselitistas. En su jornada laboral, no deben de usar ningún medio de difusión, incluyendo redes sociales, para apoyar o influir en apoyar a candidato alguno.

Los empleados de los municipios no pueden participar, en sus horarios de trabajo, en reuniones de partidos políticos, en mítines, en recorridos con candidatos o aspirantes para solicitar el apoyo o el voto ciudadano.

Todo trabajador de las administraciones públicas que conozca de hechos posiblemente constitutivo de delito electoral, deberán denunciarlo o incurrirán en complicidad por omisión.

Al inicio de este artículo resalté la responsabilidad que tienen quienes conocen las leyes, especialmente los abogados, los juristas, por un lado, de cumplir los preceptos normativos, mas, por otro lado, hacerlos cumplir.

Los miles de integrantes de los colegios de abogados del Estado y de León, estaremos vigilantes y a la disposición de la ciudadanía para orientar lo conducente e informar de las instancias a las que se podrá acudir.

El INE y el IEEG estarán para atender y canalizar las denuncias, pero, lo estará, ante todo la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

El exhorto que puede emitirse desde este espacio, es más bien para que todos participemos en una de las fiestas más importantes y hermosas como lo es el derecho de ejercer el voto.

Recordemos que la participación ciudadana es el factor más importante que convierte en realidad a la democracia.

Jorge Marcelino Trejo

Presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Botón volver arriba