Opinión

Entierros clandestinos; realidad que no querían aceptar

Hay una relación triste y dolorosa entre el tema de los desaparecidos y las fosas clandestinas encontradas en nuestro estado. Por necesidad, las familias de personas desaparecidas requieren de estar al pendiente de la posible identificación de los restos encontrados, por si es que se trata de sus hermanos, padres o hijos, que esperan localizar.

La esperanza de encontrar a un ser querido vivo prevalece en todo momento y debe ser prioridad para las autoridades. Sin embargo, es cierto que muchas veces se desea saber lo que pasó, por trágico que sea, a vivir con la incertidumbre de manera interminable.

El hecho de encontrar restos, de posiblemente 15 personas, en los ocho entierros clandestinos hallados en el Cerro del Conejo de Irapuato, ha hecho que las autoridades finalmente reconozcan lo que era evidente y no querían aceptar.

Los hallazgos se dieron por la presión y labor que han realizado los colectivos de personas desaparecidas o no localizadas, y lo cierto es que desafortunadamente puedan existir más entierros clandestinos en la entidad.

De acuerdo a lo que nos informan medios de comunicación estatales, se han dado declaraciones desafortunadas por parte de una funcionaria como lo es la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad en el Estado, Sophia Huett, quien considera que “primero debemos entender cuál es la denominación de fosas clandestinas y eso es algo que le correspondería propiamente a la Fiscalía (General del Estado).

“Porque además ahí vamos a entrar en un tema de tipología, yo creo que la información que ha presentado la fiscalía hasta este momento es la adecuada, atendiendo criterios más allá de los mediáticos, lo técnico es un tema”.

Aquí, menos que los términos técnicos, jurídicos o lingüísticos, o la tipología criminal, lo importante es que se han localizado estos entierros fuera de la ley y ya no se puede negar su existencia.

Si nos vamos a lo que son las fosas clandestinas, por definición, estos son lugares en los cuales se inhumaron cuerpos o restos humanos, sin seña alguna que denote su existencia, sin el conocimiento de las autoridades o con el propósito de ocultar el paradero de una o más personas.

Es obligación de la Fiscalía la investigación profesional para dilucidar quién o quiénes son los responsables de dichas acciones criminales y llevarlos ante la justicia. Pero, de inicio, se deberá trabajar en el tema de genética forense, para identificar los restos en base al ADN.

Esa muchacha (Sophia Huett), en lugar de asumir responsabilidades a nombre de sus jefes (Sinhue, Zamarripa y Álvar), le echó la culpa al Ayuntamiento de Jaral del Progreso, en el caso de la ejecución de 11 personas en un bar, “porque estaba abierto a pesar de la prohibición que indica el semáforo por la pandemia”.

Creo que, además, en lugar de controlar todo lo que dice, a esta funcionaria la van a premiar con otro cargo porque se ha indicado que va al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad (SESES), instancia homóloga a la del Sistema Nacional.

Los problemas se resuelven empezando por aceptar su existencia, aunque les quieran llamar “áreas de oportunidad”. Pero si en lugar de aceptar la realidad el Estado se la pasa echando culpas, no deja margen a encontrar una solución.

Los entierros clandestinos es un tema que se agrega a los ya existentes como el incremento desmedido de los homicidios dolosos; las extorsiones y ataques a negocios donde los propietarios no han querido pagar derecho de piso al crimen; los balean, los incendian, los ejecutan con toda impunidad y no hay tecnología ni programa Escudo que valga.

Ahora no solo los habitantes de la región Laja-Bajío viven el terror de la delincuencia y la violencia; cada vez más, quienes viven en la capital del estado y todo el corredor industrial, ven actos de violencia a plena luz del día y en cualquier lugar, llámense restaurantes, negocios o vías públicas de “zonas doradas”.

El Golpe de Timón que presumió el Estado solo ha provocado que el barco se esté resquebrajando y se pueda hundir en cualquier momento. No tenían un plan de control y reparación de daños.

El verdadero viraje en el rumbo debió de ser la destitución del capital de la nave, o más bien los dos capitanes que tiene el navío en materia de seguridad pública. Pero no, ahora creo que esos dos capitanes tienen más poder que el Gobernador.

Jorge Marcelino Trejo

Presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato

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