Opinión

SUPREMA INDIGNACIÓN

El discurso del presidente ha dado un giro de 180 grados, en un inicio, declaró una y otra vez que no intentaría llevar a juicio a sus antecesores, porque, había que ver hacia adelante, lo atacó la amnesia.

Estas primeras declaraciones se dieron en el contexto de la campaña y durante los primeros meses de su gestión, cuando la esperanza prevalecía en el espacio público y muchos ciudadanos mantenían la ilusión de que entrabamos en un proceso de cambio.

El artículo 35 de la Constitución señala que las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso o los ciudadanos, en un número equivalente de 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

La constitución, también establece que para que los resultados de una consulta sean vinculantes, tendrá que registrar al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal y será el Instituto Nacional Electoral quien tenga a su cargo la organización de éstas.

Los módulos para recoger firmas se vieron vacíos, las cifras resultantes parecieron trucadas. Esto es, sólo una pequeña parte del gran circo que el gobierno federal ha desarrollado como botón de pánico ante la caída libre del ejecutivo.

Uno supondría que dicha consulta sería votada como inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto no sucedió, estamos entonces, en un escenario de mandatos constitucionales, las garantías individuales y todos los procedimientos para impartir justicia se habrían convertido en letra muerta.

La Suprema Corte hizo evidente, que está dividida, pero que su mayoría, empezando por su presidente, está con el proyecto político del titular del ejecutivo federal.

Si alguna duda quedaba de que en su expresión mayoritaria el poder judicial ha sido capturado por el poder ejecutivo, en días pasados se despejaron las incógnitas.

Cuestionar la factibilidad constitucional o no de la consulta no debe interpretarse como un defender a expresidentes, lo que causa polémica es que se trate de acomodar la Constitución a objetivos específicos.

Sobresale también el cambio o ajuste que se propone a la forma en que se preguntará a la ciudadanía su sentir con respecto al juicio a los expresidentes. El replanteamiento de la pregunta alude a un “esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”- entiéndase expresidentes-, que, por cuidar las formas y la corrección políticas, resulta una vaguedad apabullante.

En sentido estricto de justicia, no tendría que someterse a votación si algún expresidente – o cualquier persona – debe ser investigado, la plaza pública y la votación con el pulgar arriba o abajo no pueden ser instancia que juzgue y decida.

Si López Obrador tuviera real interés en que se sancionara la supuesta comisión de delitos de corrupción por los expresidentes, bastaría con que acudiera la fiscalía a denunciar los hechos, si tiene pruebas, que las presente.

Sin embargo, tal acción no le habría permitido mantener este espectáculo circense el cual tiene como objetivo las elecciones intermedias del 2021.

Hay más de 17 acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales pendientes de solución en la Suprema Corte. Se refieren a leyes sustantivas promulgadas por este gobierno. Para que puedan ser votadas en contra, tendrían que reunirse ocho de los 11 votos de la Corte.

La Suprema Corte renunció a su independencia judicial, se dobló ante el proyecto político del presidente y ha hecho mal su trabajo, esto tendrá consecuencias.

Fue James Madison – expresidente de los Estados Unidos – quien escribió: La acumulación de todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en las mismas manos, sea de uno, de pocos o de muchos, y sea por herencia, autonombramiento o elección, puede enunciarse con justicia como la definición de la misma tiranía.

SANTIAGO IRUSTETA GÁLLEGO

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