Opinión

CONGELADOS. LEY NIETO Y LA NUEVA SANTA INQUISICIÓN.

Después de casi dos años de batalla política, la semana pasada el Senado de la República aprobó la llamada Ley Nieto (nombrada en honor a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP) que es un paquete de reformas a la Ley de Instituciones de Crédito que le da facultades a la UIF para bloquear cuentas bancarias de los ciudadanos sin necesidad de una orden judicial.

Para que la UIF pueda ordenar esta medida, solamente basta con que a su criterio se cuente con indicios suficientes de que las cuentas bancarias que decida “congelar” estén relacionadas con delitos de “lavado de dinero” o financiamiento al terrorismo.

Es decir, con la entrada en vigor de esta nueva reforma, cualquier conducta que realice algún ciudadano y que le parezca sospechosa a la UIF puede ser objeto de una medida precautoria de bloqueo de cuentas bancarias, sin que sea necesario que un juez analice si existen elementos que fundamenten esa sospecha.

En otras palabras, ahora la UIF investigará cualquier conducta que le genere sospecha de que se esté cometiendo el delito de lavado de dinero, será ella misma quién recabe las pruebas, quien las analice y las valore, quien decida si va a bloquear o no las cuentas bancarias del ciudadano investigado, quien ordené se efectúe dicho bloqueo y por cuanto tiempo, y quien desahogue la garantía de audiencia del ciudadano “sospechoso”. ¿Nadie ve lo malo de esto?

Ni siquiera los Ministerios Públicos tienen tanto poder para decidir sobre las “medidas precautorias” que se aplican en contra de los ciudadanos, hasta para que se ordene la prisión preventiva se necesita que un juez analice las pruebas que hagan procedente que se aplique.

Darles semejantes facultades a la dependencia a cargo de Santiago Nieto la convierte en una autoridad parecida a lo que antes fue la santa inquisición, y por supuesto que este mecanismo puede ser utilizado en forma coercitiva en contra de cualquier ciudadano que sea incómodo para el Poder Ejecutivo, situación por demás delicada.

Lo anterior es peor si tomamos en cuenta que la Ley Federal para la Prevención, Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado para los cuates), contempla dentro de las operaciones “sospechosas” varias que son realizadas, en forma cotidiana o accidental, por cualquier persona como son las operaciones inmobiliarias.

Por lo tanto, no es difícil que cualquier ciudadano realice una operación que lo haga digno de ser sospechoso para la UIF, y terminar en la lista de Personas Bloqueadas dentro del sistema financiero mexicano. De ese tamaño es la inseguridad jurídica en la que vamos a vivir actualmente.

Por supuesto que los impulsores de esta Reforma sostienen que no existirán arbitrariedades ni excesos en el uso de estas nuevas facultades, y que solo buscan restar poder al crimen organizado, al contar con una facultad que sea inmediata y efectiva en caso de que se detecten operaciones relacionadas con ellos.

Además, si existe algún ciudadano que sea objeto de un procedimiento de estos “por error”, puede acudir a la UIF inmediatamente a aclarar su situación para que le sea desbloqueada su cuenta y sus recursos. Porque claro que si por algo es conocida la Secretaría de Hacienda es por su relación amistosa y comprensiva con los contribuyentes.

Es una realidad que el gobierno de López Obrador ha buscado eliminar cualquier obstáculo legal que encuentren al ejercicio absoluto de su poder, y esta reforma es el ejemplo más claro y peligroso que existe de esto.

Ahora será tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación poner un alto a esta arbitrariedad, porque no se necesita ser un especialista en leyes para detectar que hay algo muy malo en darle facultades discrecionales a la Secretaría de Hacienda para ser juez y parte, y claro que de permitirle a la UIF actuar con tanta arbitrariedad es violatorio de los más elementales derechos humanos de todos los ciudadanos.

Lamentablemente veremos muchas violaciones cometidas antes de que la Corte pueda pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de la Ley Nieto, esto solo es el principio.

Amroth Rivas

Socio Fundador de ANDRA Consulting Group

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