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Diputados quitan fuero a Cabeza de Vaca por defraudación fiscal de 6.5 mdp

Entre gritos, carteles, chiflidos, sobrenombres como “diputadete”, “mascotas” y “gusanos rastreros”, la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, le retiro el fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por defraudación fiscal con un perjuicio al fisco por 6 millones 511 mil pesos.

El recinto legislativo, como órgano acusador, emite la declaración de procedencia, pero no juzga; es decir, sólo elimina el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado por las autoridades judiciales.

Con 302 votos a favor de Morena y sus aliados y 134 en contra de los partidos de oposición, los legisladores concluyeron que la diferencia entre los ingresos que declaró el gobernador panista en 2019 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los que obtuvo fue de 36 millones 935 mil pesos.

“Por ese motivo, el contribuyente emitió parcialmente el pago de impuestos federales, obteniendo con dicho accionar un beneficio indebido para sí y en perjuicio del fisco por la cantidad de seis millones 511 mil 777.57 pesos”, dice el dictamen avalado.

En la fase de alegatos, en su calidad de denunciante, la representante de la Fiscalía General de la República, Elizabeth Alcántara Cruz, señaló que García Cabeza de Vaca ha acumulado una fortuna millonaria con más de treinta propiedades “ocultas” en México y Estados Unidos; todo ello asciende, aseveró, a más de 951 millones de pesos, lo que es 94% más de lo que declaró poseer en 2012 durante su campaña para gobernador.

Alonso Aguilar Zinser, defensa del gobernador, señaló que las acusaciones de defraudación fiscal se deben a la compra-venta de un departamento en la Ciudad de México, y aseguró que en su declaración anual de 2020 se reconoce este inmueble.

Durante la discusión del dictamen, el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, señaló que no se encontraron elementos “suficientemente fuertes” para acreditar que el gobernador incurrió en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, dijo tampoco hay convicción de que esto no exista.

En caso contrario, aseveró que existen fuertes indicios para considerar que el panista pudo haber incurrido en defraudación fiscal, y enfatizó que esta acusación se deriva de una compulsa entre los ingresos del gobernador y su declaración fiscal, y no de la compraventa de un departamento como argumentó el abogado del panista.

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